Cualquiera de nosotros podemos ser víctimas de un crimen, y cualquiera de nosotros podemos vernos involucrados en él, ser acusados. No quiero ser fatalista, pero es una probabilidad que existe. El derecho penal se rige por un principio: “nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario.” La figura del abogado criminalista es clave para garantizar la administración de justicia. Veremos en este artículo cuáles son sus funciones y los casos en los que más suele intervenir.
Cuando escuchamos la palabra crimen, en seguida pensamos en asesinato. Por suerte no es el delito más habitual. El delito de robo y el delito de hurto son considerados por la legislación como crímenes de posesión. Como también se consideran crímenes los ataques contra bienes públicos o propiedad de un tercero.
En justicia es clave diferenciar entre el derecho civil y el derecho penal. Voy a intentar explicarlo de una manera muy sencilla, quizás no sea la más rigurosa, pero nos ayudará delimitar los dos campos.
El derecho civil regula las relaciones entre las personas. En esta rama del derecho, el acuerdo entre las partes es ley. El derecho civil versa sobre el cumplimiento de los contratos, sean expresos o tácitos, y en proteger a la parte dañada o indefensa. Por ejemplo, un litigio civil sería la exigencia de daños y perjuicios porque uno de los litigantes no hubiera realizado una acción con la que estaba comprometido. En este supuesto se intenta resarcir a la parte damnificada.
El derecho penal, por otro lado, versa sobre las normas básicas de convivencia para que sea posible vivir en sociedad. Robar, matar, violar son actuaciones inadmisibles con independencia de la persona que las sufra y de quien las ejecute. Si estas prácticas se hicieran mayoritarias, sería imposible vivir en sociedad. Mientras que el derecho civil tiene un carácter más privado, el derecho penal es público o colectivo.
Hay supuestos que dan lugar a un litigio civil y penal al mismo tiempo, pero se rigen por normas diferentes. Por ejemplo, una persona que ha sido víctima de una estafa. El proceso civil perseguiría la devolución del dinero sustraído y una indemnización para reponer el daño hecho, mientras que el objetivo del juicio penal será aplicar una pena para evitar que estas prácticas se reproduzcan.
Es tan importante la imparcialidad en el derecho penal, que la instrucción y la vista de un juicio son llevadas a cabo por jueces distintos. La instrucción hace referencia a recabar pruebas para esclarecer los hechos. No existe ningún pronunciamiento en esta fase. La vista del juicio, por otro lado, se basa en el análisis de las pruebas y en conceder al acusado el derecho a poder defender su inocencia. Para no influir en la sentencia, las partes del proceso serán dirigidas por jueces diferentes. Víctor Muñoz Casalta, abogado penalista de Barcelona, nos dice que la justicia es la constante voluntad de dar a cada uno su derecho. Una declaración que recoge bastante bien el espíritu del derecho penal.
Los casos más habituales.
Señala la revista jurídica Información Legal que el índice de criminalidad en España lleva reduciéndose durante 10 años seguidos. No quiere decir que no exista, pero podemos afirmar, a grandes rasgos, que España es un país seguro.
Los delitos más frecuentes varían de una región a otra y de una ciudad a otra. Partiendo de datos estadísticos, los más habituales por número de denuncias son los relacionados con la propiedad. Estos abarcan, por un lado, los robos y hurtos y por el otro, los daños causados contra bienes que no pertenecen al presunto artífice de los hechos.
En términos de delincuencia, son más frecuentes los delitos contra los objetos que contra las personas. Es un hecho lamentable que aún exista, pero se ha dado un paso importante reduciendo los crímenes más terribles.
En un segundo puesto se encuentran los delitos relacionados con el tráfico de sustancias prohibidas. Se trata de un mercado que mueve miles de millones de euros al año y que se ha construido al margen de la ley. Es un sector complejo, con distintos niveles de responsabilidad y de poder, que tiene un importante impacto sobre la salud pública.
A raíz del caso de la Manada, acontecido hace justo 4 años, en Pamplona, durante las fiestas de San Fermín, se puso la lupa colectiva en el tema de las agresiones sexuales. Es un delito preocupante, cuya denuncia obedece a la actitud de las mujeres por decir basta. Algo parecido sucede con los casos de violencia machista, una lacra que deja al año más de 80 muertes de mujeres.
Según el Ministerio del Interior, las ciudades donde más delitos se cometen son Madrid, Valencia, Barcelona y Málaga. No hace referencia a que sean zonas especialmente peligrosas, sino a que son centros urbanos con una alta densidad demográfica.
¿Qué hace un abogado penalista?
El abogado penalista actúa como defensa del acusado, o como acusación particular, sin menosprecio del Ministerio Fiscal, que intentará hacer valer la ley. Estas son algunas de sus funciones:
- Asesoramiento y análisis previo del caso. En el momento en el que se han cometido los hechos, o cuando se efectúa la primera detención, es interesante estar asistidos por un abogado. Este evaluará la viabilidad del caso y fijará la estrategia de actuación.
- Defensa durante la detención. En el momento en el que una persona es detenida, acusada de un delito, tiene derecho a estar asistida por un abogado. Estará presente en los interrogatorios y diligencias policiales en las que se persone su representado. Es una garantía que permite que no se realicen acciones ilegales y protege los derechos del imputado.
- Representación durante la instrucción. Un momento decisivo en un juicio penal es cuando el acusado es llamado a declarar por primera vez ante el juez de instrucción. Asistirá asesorado previamente por su abogado. En esta entrevista se puede lograr el sobreseimiento del caso y aporta información relevante sobre el rumbo que va a coger el juicio.
- Solicitud de diligencias. El abogado tiene derecho a recabar pruebas, testimonios y opiniones forenses que demuestren la inocencia de su representado. Las hará llegar al juez de instrucción según los plazos y formas estipulados por la ley. A su vez, estará presente en las diferentes citaciones a los testigos y participará en los interrogatorios, para defender los derechos de su cliente.
- Presentación de escritos y recursos. El abogado es el que efectúa los trámites relacionados con el juicio. Así como la interposición de posibles recursos en los supuestos en que los derechos de su cliente no hayan sido satisfechos.
- Labores de negociación. En ciertas ocasiones será recomendable llegar a un acuerdo con el fiscal y/o la parte contraria a fin de evitar penas mayores. De esta tarea también se encarga el abogado.
- Asistencia en la vista oral. Celebrada la instrucción, se procede al análisis de las pruebas, donde el abogado expondrá su alegato solicitando al juez una sentencia absolutoria o condenatoria.
La abogacía y el juicio penal.
La actuación del abogado es decisiva en el desarrollo del juicio. Un artículo publicado en el periódico El País informa que más de la mitad de las condenas penales se resuelven sin llegar a juicio. Corresponden al trabajo de negociación del abogado. El abogado defensor se reúne con el fiscal y con la acusación particular, y reconoce una parte de la culpabilidad de su representado a cambio de evitar una pena mayor.
Es lo que se llama la justicia pactada. Una forma de actuación que agiliza la administración de justicia y ahorra costes. Se trata de una práctica habitual en los países anglosajones que en España tiene sus detractores. No es la única forma de actuar de un abogado, pero es un ejemplo de cómo la intervención del letrado influye en la resolución del juicio.
Todo acusado tiene derecho a la asistencia de un abogado. Si el imputado no se lo puede costear, el Estado pondrá a disposición suya un abogado de oficio. El criterio económico para recibir asistencia jurídica gratuita es demostrar que se tiene un nivel de ingresos anual inferior al doble del Salario Mínimo Interprofesional.
Los abogados de oficio son profesionales de la abogacía colegiados, que en su mayoría trabajan en sus propios despachos y que se han sumado al programa de justicia gratuita. No estamos hablando de abogados de segunda, como alguna gente piensa, son profesionales perfectamente competentes.
De todos modos, en cualquier juicio siempre es recomendable contratar a tu propio abogado. Principalmente, porque se establece una relación objetiva. Tú pagas una minuta y él se compromete a defender tus derechos.
Son muchos los casos en los que no se ha conseguido una sentencia beneficiosa para el acusado por no haber tenido una defensa adecuada. No estamos hablando de ser declarado culpable, cuando podía haber sido reconocido inocente, sino de penas que se podían haber reducido si se hubiera actuado de otra forma.
Una de las piedras angulares del estado de derecho es la presunción de inocencia. Una de las características que diferencia a una democracia de una dictadura. El papel del abogado penalista es clave para asegurar una justicia equitativa.
